Recortables.

Ahora todo es recortable, menos los privilegios.

Se recortan derechos y se venden como recortes de las instituciones, porque de esto se trata el (de momento sólo resumen para la nota de prensa) Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -los enemigos de los debates nominalistas(sic) son casualmente unos maestros en ponerle nombre a las leyes-: Racionalización -¿quién no quiere racionalizar y más así, en mayúsculas?- y Sostenibilidad -todo el mundo adora lo sostenible y más ahora lo economicamente sostenible-, lo firmo ya!

Tras los dos nuevos conceptos de la neolengua gubernamental hay un recorte al derecho a la participación política, reduciendo las posibilidades de acceder a un cargo de representación con la excusa del ahorro -lo explica muy bien Pablo Simón en Politikon en este sentido post– pero también, por ejemplo, a los derechos a la Sanidad y a la Educación en nombre de la eliminación de las “competencias impropias”, es decir: si ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria tienen una red de centros de educación infantil de 0 a 3 años -guarderías los llamamos la mayoría- a partir de ahora esta competencia vuelve a donde toca obviando que, si mayorías municipales progresistas asumieron la implementación de este servicio público era porque la Comunidad Autónoma o el Gobierno central en su día no lo hacían y quizás, dependiendo del color político de quien esté al frente, no lo hagan ahora tampoco. Y es que estas terribles competencias impropias, como residencias de mayores, viviendas pública en alquiler u oficinas de integración de inmigrantes supondrán un ahorro estimado de “3.500 millones de euros por la eliminación de duplicidades” (según el mismo resumen propagandístico del Consejo de Ministros) porque simple y llanamente dejarán de prestarse esos servicios públicos.

Por si les queda alguna duda reproduzco un párrafo del mismo fatídica resumen: “A partir de ahora se distingue entre servicios obligatorios y facultativos. Los municipios tendrán la garantía de una cobertura financiera suficiente para sus servicios obligatorios y, por encima de un nivel estándar de prestación de servicios, su financiación no podrá ser reclamada a otra administración. Sólo cuando estén garantizados financieramente los servicios obligatorios se podrán prestar servicios facultativos.” Y todo por no entrar en el fondo de la cuestión: la financiación municipal -o mejor dicho, la crónica insuficiencia de la financiación municipal– que se pretende resolver aquí por la vía de reducir los gastos, nunca de aumentar los ingresos.

Ante esto, el número de asesores y la retribución de los/as alcaldes/as es lo de menos, munición para el falso debate sobre lo que cobran “los políticos”, que obvia una vez más el debate sobre los privilegios de unos pocos -los mismos de siempre y que a partir de ahora llamaré PPrivilegios- y que aquí se ejemplifica en la propuesta cobarde, tardía y timorata del PSOE de cobrar el IBI a la Iglesia por los lugares que no sean de culto, respondida por el PP con el recurso manido de citar a su brazo armado solidario: Cáritas.

La respuesta de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) ante el enésimo ataque a la autonomía municipal de este gobierno es cuanto menos tímida -lógico si vemos que está bajo el control del PP- teniendo que recurrir a las de las federaciones autonómicas como la canaria FECAM para ver alguna crítica -si bien ésta es más que nada de carácter corporativista-.

¿Y por qué usted no ha podido leer nada de esto en los grandes medios si los datos están en el dichoso resumen del Consejo de Ministros tantas veces citado? Porque han obviado este retroceso en el Estado de Medioestar o directamente han glosado “la reducción de burocracia” y el “ahorro de millones de euros” -éste último con datos muy poquito rigurosos (un 30% de la cifra inventada de 50 millones es tachán: “más de 20 millones”)-.

Y es que ahora, más que nunca, los derechos son recortables.